El acuerdo de control de precios que al momento de escribir estas líneas el gobierno intenta negociar con el empresariado argentino, está orientado a fijar aproximadamente 1.500 precios de la canasta básica retroactivamente, desde el 1 de Octubre hasta el 1 de Enero. Nadie puede suponer que el objetivo del programa pueda ser combatir la inflación porque un programa de estas características por sí mismo sólo puede postergar el aumento de precios durante el período en cuestión. De modo que las razones hay que buscarlas por otro lado.
Defensores y detractores del plan dicen que el control de precios es un parche. Cabe entonces preguntarnos: ¿un parche para qué agujero?
El gobierno enfrenta de forma inmediata dos agujeros que deberían preocuparlo y que están relacionados: las elecciones de noviembre y la inestabilidad social de todos los veranos argentinos. Si alguien conoce la temperatura social de los veranos, especialmente en el conurbano bonaerense, es el peronismo. Y ocurre que la tensión interna entre los principales sectores del gobierno, todos peronistas, está desde hace rato proyectada en la situación política, económica y social del país entero. Como suele ocurrir, las disputas por el poder al interior de las coaliciones de gobierno se tramitan a través de una conflictividad social que va desde la precarización socioeconómica hasta la desestabilización y la rebelión organizadas por punteros y dirigentes que saben accionar las válvulas que regulan una presión popular permanente.
La ilusión de acceso al consumo a través de una canasta acorde a los usos veraniegos, incluyendo las fiestas de navidad y fin de año, tiene la potencia de aplacar un descontento que no tiene solución, o al menos no la tiene en un esquema inflacionario como el actual, atado a la precarización del trabajo, a la violenta concentración de la riqueza y a la humillación de quienes vemos hundirse el suelo bajo nuestros pies mientras el empresariado y sus lacayos se vacunan en Miami y vacacionan en destinos internacionales.
Para el gobierno nacional enfrentar elecciones en un panorama como éste, habiendo perdido las PASO y encarando los meses de verano, es claramente un agujero que le urge tapar de algún modo. Después de todo la memoria del estallido de hace 20 años está fresca en el culo de los funcionarios y de la dirigencia, como también lo está la imagen de los recientes estallidos latinoamericanos.
Lamentablemente, una relajación de este tipo puede producir el efecto que esperan. Lamentablemente, la resignación popular es capaz de aceptar una tregua inflacionaria a cambio de una pacificación social que no se corresponde con las condiciones de vida. En otras palabras, la situación actual es tan violenta que merece una reacción violenta desde abajo, pateando de una vez el tablero en una rebelión que pudiera poner fin a la miserabilidad de una sociedad descompuesta. Y es que la desestabilización social que el gobierno intenta evitar sería en realidad la trasparencia manifiesta de una inestabilidad social ya existente, contenida con dádivas, postergada en la esperanza y emparchada con programas de postergación permanente.
Cuando hace 20 años el estallido social terminó voltenado un gobierno y generando una de las situaciones políticas más complejas y traumáticas de la historia argentina, la clase política activó mil mecanismos para interpretar lo sucedido y evitar que semejante sacudón ocurra de nuevo. Una de las claves de aquél momento fue que la desestabilización social, programada y promovida por los sectores más rancios de la política local, se desmadró. La población reaccionó a todos los estímulos en la dirección esperada, pero llevó la situación hasta un extremo inesperado que forzó una reacción institucional, política, económica y cultural de parte de las clases dominantes destinada a reencauzar la situación en las sendas de un capitalismo democrático que había colapsado. La eficiencia de esa reacción tuvo una clave para nosotros especialmente importante: la desorganización de la clase obrera.
El proceso de restauración que comenzó con la salida de la convertibilidad, la renegociación de la deuda (para recuperar el acceso al mercado financiero internacional) y la represión violenta de la protesta social, llegando al extremo de los asesinatos pedagógicos de Kosteki y Santillán, continuó con la restauración política del aparato de Estado en la recomposición de una doctrina populista de la representación que se configuró en la cooptación de los movimientos sociales y la recuperación del imaginario paternalista que el peronismo de origen, el de los años 40, había consagrado.
La circunstancial alianza de emergencia, que lanzada desde la Asamblea Nacional puso en sintonía los distintos sectores del capitalismo nacional en el contexto de una tregua duhaldista, permitió que la restauración Kirchnerista se abriera paso, y una vez salvada las papas comenzó de nuevo el puterío de alturas.
En 2001 no había organización popular sino la pura desesperación de siempre sumada a una desesperación ocasional que ponía a la clase media en “situación de pueblo”, caídos de su escalón imaginario, y atentos a la necesidad de resolver por sí mismos la situación general. Fue un breve período en el que la acción directa parecía estar amaneciendo, pero ha sido más veloz el olvido y el retorno a la fábula de ilusión política. Y esto por una primera razón: no había organización, no había experiencia ni recursos para poner en movimiento mecanismos genuinamente asamblearios para la organización económica de los barrios, para la puesta en marcha de una producción socializada o para coordinar el consumo popular con eficientes perspectivas a futuro. Todas las prácticas que al respecto se pusieron en marcha surgieron de ciertos focos de activismo, algunas organizaciones sindicales desconectadas circunstancialmente de la hegemonía burocrática, y organizaciones barriales que en el errático contexto del movimiento piquetero duraron poco y dieron lugar al antiguo modelo de la orga que trasladó toda la iniciativa a la demanda popular ante el Estado en un esquema clientelar.
A semejanza de lo que había ocurrido en los 40, la estrategia de cooptación que se lanzó desde el gobierno kirchnerista tenía ya el suelo fértil de una demanda de las organizaciones orientada más al financiamiento estatal que a la expropiación del capital y la puesta en marcha de procesos productivos autónomos. Muchos de los dirigentes, o “referentes”, como les gustaba decir, acabaron siendo funcionarios o militantes de un poder popular que no deja de ser un poder ligado al esquema político de la gestión del Estado.
La ausencia de organización y de definición ideológica en relación a la situación social de la clase obrera hizo que la ruptura producida a instancias de una crisis fulminante y definitiva de la representación política, en el contexto de una fenomenal crisis económica, no haya conducido a la transformación profunda de la estructura socioecónomica local sino a un proceso de restauración que nos trajo hasta aquí. No había en aquellos años ningún atisbo de semejante anhelo, ni cabe por lo tanto reprocharlo. Lo que sí cabe es pensar de qué manera nos conviene encarar la situación actual, cuánto hay de todo aquello en todo esto, y cuánto podremos aprender de la más reciente experiencia disruptiva.
Hoy gobierna una coalición que rejunta tres sectores cuya referencia a 2001 es ineludible. A ella se opone principalmente otra coalición cuya configuración es en ese aspecto similar. Todos saben que la situación social está siempre al borde del estallido. Todos saben que un estallido tiene la capacidad de voltear al gobierno, y todos saben que el gobierno, partido en su interna, está en su punto más débil. En otras palabras: para cualquiera de ellos resultaría relativamente sencillo promover un estallido que acabe con la destitución del gobierno de Fernández. Sin embargo el costo social y político de repetir el mecanismo de 2001 puede ser demasiado alto. Entre otros costos, asoma amenazante la memoria de fuego que indica que una vez activado el estallido, nadie puede garantizar el control de sus consecuencias.
En este contexto la clase obrera tiene siempre el mismo desafío que es darse a sí misma las herramientas para enfrentar un estado de cosas que no deja de volver. ¿Cuáles son las herramientas que tiene actualmente? Veamos.
El sindicalismo corporativo actual, que afecta de forma directa aproximadamente al 50% de los trabajadores (los que están en blanco y trabajan bajo patrón), es entreguista de hecho y reformista de derecho. Ligado a la función estatal por su estructura normativa y por el unicato promocionado por ley, es funcional a la patronal como un capataz que garantiza el orden de la peonada y la productividad del taller. Es una estructura construida para que toda la actividad gremial sea tramitada a través del ministerio de trabajo garantizando así su función principal que es la conciliación de clases, es decir, la disposición pacífica de los expoliados a la maquinaria de explotación económica que concentra la riqueza en los dueños del capital.
Por fuera de esa mitad de trabajadores registrados hay al menos un 25% de trabajadores desocupados que depende de los planes sociales del Estado y de la mal llamada economía popular, normalmente a través de la gestión de organizaciones políticas que hacen su propio juego poniendo en valor su capacidad de estropear la gobernabilidad con el control operativo de la agitación social. Son dirigentes que abren o cierran la canilla del desborde, y con ello construyen algo de poder político. Ante la reconversión del sistema productivo que ya no precisa tanta mano de obra como antes, estas organizaciones comienzan a funcionar de manera permanente, como jefes sindicales de los desamparados. No en vano algunas participan del coloquio de IDEA y reclaman su lugar en la CGT.
De los trabajadores sin patrón, descontadas las pocas cooperativas que no están entrelazadas con organizaciones políticas o “movimientos sociales”, están definitivamente “por la suya”. Si no están cartoneando, changuenado un día a día en emergencia permanente o pedaleando una bicicleta conducida a través de plataformas, están poniendo su trabajo y el capital que hayan conseguido en tareas “freelance” bajo la ilusión de una independencia falaz, desconectados de toda organización de clase, alienados en una ilusión clasemediera y enredados en las trampas del monotributo.
Se resume así un panorama singular que expresa una situación de la clase obrera que es clásica y nueva a la vez. Así como tiene aspectos tan novedosos como los agujeros que deja el sistema productivo contemporáneo ante los recursos tradicionales, no deja de ser la misma matriz del despojo en la que los dueños de casi todo reparten casi nada.
En este contexto cualquier operación veraniega que al modo de revival o de deja vu pretenda agitar el suelo tranquilo de la protesta social para lastimar o herir de muerte al gobierno de Fernández, pagará con nuestra carne sus magros logros. Como siempre, cuando la clase obrera no está organizada con sus propias herramientas paga los precios de negocios ajenos. Y la alternativa pareciera ser dejar que el gobierno avance en la reconstrucción del sistema capitalista luego de una nueva crisis, resignados en la patológica esperanza de que una recuperación circunstancial del consumo no se diluya en una nueva rueda de inflación y desempleo.
Esta dualidad es un trampa. No se trata de subordinación o resignación, sino de organización. La clase obrera tiene los recursos para organizarse y crear desde las bases un sindicalismo propio capaz de interrumpir la época de oro del corporativismo y de la mafia sindical. Tiene también la capacidad de proyectar un esquema productivo que ponga el capital a disposición de la clase a través de unidades de producción y consumo que funcionen de manera autónoma, cooperativa y federada. Y tiene también la capacidad de rebelarse contra aquellos mecanismos que ya conoce y que siempre acaban quitándole la sangre y el esfuerzo para lanzarla nuevamente al vacío de la precariedad y de la expoliación. Pero, con todas estas capacidades, aún no nos hemos dado las herramientas adecuadas.
El gobierno intenta pasar el verano. Apunta a recuperar algo del capital político perdido en las elecciones de noviembre y surfear la milonga hasta negociar con el Fondo Monetario. Sus principales enemigos son su socios, e intenta evitar que le serruchen el piso. Así como la escuela política de Felipe Solá es hacerse el boludo, la de Fernández es ganar tiempo haciéndose el boludo. Pero nosotros, abajo, no tenemos ese tiempo, ni es nuestra preocupación resolver conflictos de palacio. Nosotros, con la urgencia de los procesos de largo aliento, estamos urgidos de construir las herramientas que nos permitan dejar de correr detrás de las maniobras de estrategas gubernamentales y tecnócratas del capital.
Cuando pase el verano vendrán los tiempos de aumentos de transporte, ajustes de tarifas y reforma laboral. Por eso es que la mejor estrategia para los próximos meses es la estrategia para los próximos años: crear organizaciones y fortalecer las existentes. Echar lazos de asociatividad para multiplicar la capacidad de acción y fortalecer los espacios que haya para promover un sindicalismo libre y combativo. No dejar pasar ninguna oportunidad de activar espacios productivos para conquistar el pan y socializar lo producido, y estar atentos para no poner el cuerpo en maniobras políticas que sirven a intereses ajenos a los nuestros.
Ya sabemos que el verano se calienta en Argentina, y que debemos estar organizados para que la ebullición empuje para nuestro lado. Hoy tenemos más organización que aquella vez, pero aún estamos en zona de riesgo. Lo que necesitamos no es optar entre sectores de un capitalismo que nos tendrá políticamente sujetados, socialmente marginados y económicamente hambrientos, sino activar a través de las organizaciones que seamos capaces de crear y sostener para defender nuestros intereses y derrumbar alguna vez esta miserable sociedad de expoliadores y expoliados.
Ojo que se viene el verano, y el asfalto está caliente. Desde arriba sienten que tiembla el piso, pero el que ande descalzo se quema los pies.