Nos informaba el compañero Leo Elgorriaga, en números anteriores de este periódico, cuáles son las dimensiones del ámbito laboral que se están modificando —en nuestro perjuicio— con la avanzada reformista que acompaña todo el arco político burgués y su burocracia sindical adicta.
Hemos de señalar ahora que, pasado el tiempo, y aunque algunas cuestiones estén por resolverse en la Justicia, ya se están aplicando en ámbitos de trabajo concretos. Esto se da a partir del trabajo territorial que hacen los gobernantes provinciales y locales junto con las burocracias sectoriales, haciendo realidad los deseos de las patronales.
Mientras por un lado la conducción del sindicato docente de Córdoba celebra la ratificación del derecho a huelga por parte de la Corte Internacional de Justicia (medida de fuerza con la que siempre están en contra), por el otro, permite que la patronal estatal imponga un nuevo procedimiento para limitar las actuaciones de las delegaturas escolares.
Entonces, como quieren los impulsores de la “modernización laboral”, se limita la cantidad de días de licencias gremiales y se exige al delegado que las utiliza “indicar claramente en qué consistió su participación” cuando es convocado por el sindicato. A partir de ahí, el directivo analizará la pertinencia de la acción sindical, evaluará en qué consistió la participación del docente y determinará si corresponde la justificación. De esta manera, podemos decir que el derecho sindical ha sido vulnerado, ya que no puede ser ejercido plenamente y queda sometido al criterio patronal a través de las direcciones escolares. Estas, obviamente, tendrán incluso formas de castigo para lxs que consideren que han cometido un “ejercicio abusivo de la tutela sindical”, dando por injustificada la inasistencia e iniciando actuaciones administrativas disciplinarias.
¿Y qué pasa en los hechos? Lo que pasa es que la mayoría de las direcciones escolares están ocupadas por personas pertenecientes a la burocracia sindical. A los abusos de autoridad y opresión que ejercen sobre lxs trabajadorxs de la educación cotidianamente, ahora le suman la herramienta de la limitación para que lxs delegadxs escolares ejerzan su función. Estos, si no son de la burocracia, son desautorizados, perseguidos y castigados con estas herramientas legales que impone la patronal.
Compañerxs, esto lo vamos a observar —con las particularidades de cada caso y sector de trabajo— con mayor frecuencia. Ya no hay derecho a la organización que valga; no hay límites al abuso patronal estatal y privada, y ya cuentan con todas las herramientas para desactivar la organización sindical por la fuerza o usando la ley.
A la avanzada del gobierno nacional le sigue la de los gobiernos provinciales y locales. Todos quieren lo mismo y, como vemos en las estadísticas por el crecimiento del empleo informal, lo están logrando. La ejecución de las reformas es impulsada, aplicada y sostenida por el ejército de carneros que cada sindicato planta en los lugares de trabajo. De esta manera, la reforma se hace carne en cada instancia de nuestra vida, y está en nuestras manos fortalecer nuestra resistencia.
Sabemos que la legalidad nunca fue una herramienta válida y por eso nuestra organización ejerce la acción directa. Hoy, cuando ya se han vulnerado hasta los mecanismos que la propia burocracia utilizaba para sus fines (las delegaturas que solo responden a la conducción y su partido político), más que nunca se impone la organización sin ataduras.