Las recientes reformas legislativas ocurridas en las provincias de Jujuy y Salta demuestran que los gobiernos de tales provincias se arman de recursos legales para criminalizar la huelga y la protesta, de cara a lo que será un intento de profundizar el ajuste contra los trabajadores y las trabajadoras. Estas reformas han sido dictadas en el marco de importantes conflictos gremiales de docentes y trabajadores de la salud, con gran apoyo popular y amplia movilización en diferentes puntos de las mencionadas provincias.
En el caso de Jujuy, el pasado 20 de junio fue aprobada de manera apresurada y con el acuerdo de la UCR y del peronismo, una reforma de la constitución de esa provincia que no sólo afecta a los pueblos originarios y fomenta el extractivismo de los recursos naturales, sino que además incorpora un nuevo artículo referido al “derecho a la paz social y la convivencia democrática pacífica”, que se dirige a impedir el corte de rutas como forma de ejercer el derecho de huelga y de protesta social. El 8 de junio, el gobernador Morales había reformado por decreto el código contravencional provincial multando a quienes “…permanezcan en espacios públicos, alterando el orden, obstaculizando la libre circulación vehicular y/o peatonal, causando temor en la población o limitando ilegítimamente y de cualquier modo el libre ejercicio de los derechos de los ciudadanos”. Se trata de un tipo penal abierto que apunta criminalizar, mediante expresiones ambiguas y subjetivas, el ejercicio de la huelga y de la protesta, con el argumento de defender la paz social y los derechos de terceros. En otras palabras, defender los intereses de la patronal y de los poderosos para que nada cambie.
La reforma constitucional jujeña despertó una inmediata resistencia popular hacia la misma, que fue duramente reprimida por la policía dejando heridos y produciendo la detención de manifestantes. La resistencia popular generó que el gobernador Morales diera marcha atrás con las reformas que afectan a los pueblos originarios y el control de los recursos naturales, no así con las limitaciones a los cortes de ruta cuya reforma estaría aprobada.
La situación de Salta es todavía más grosera en lo que respecta a la criminalización de la protesta. El 1º de junio la legislatura de esa provincia aprobó una ley titulada “Ley de convivencia y conciliación ciudadana”, que tiene por objeto: “…a toda reunión de personas que, con un objetivo común, con o sin desplazamiento en el espacio de uso público, por un tiempo determinado y sin violencia, reclama o reivindica derechos ante las autoridades públicas o entes privados”. Se puede apreciar que dicha ley tiene por objeto protestas pacíficas y que no involucran necesariamente cortes de ruta. El sólo hecho de reunirse para reclamar o reivindicar derechos, torna operativa la aplicación de la nueva normativa.
En esos casos, la nueva ley salteña establece que los manifestantes deben notificar en la comisaría más cercana con al menos 24 horas de antelación, la realización de la manifestación, indicando el día, la hora y el lugar en que se realizará y los datos de los responsables u organizadores. En el caso de que no se cumpla con la notificación previa, las manifestaciones “no serán permitidas”, posibilitando el “…desalojo por parte de las fuerzas de seguridad”.
Claramente la nueva ley trata como un posible hecho delictivo que amerita la previa notificación policial, el mero hecho de reunirse para reclamar por un derecho. Recordemos que se tratan de manifestaciones pacíficas y que no involucran necesariamente el corte de alguna ruta. Nada dice la ley sobre la posibilidad de atender y de asegurar el goce efectivo del derecho por el cual se reclama. Lo único que le interesa a la nueva ley es limitar la protesta y proveer al gobierno de recursos para reprimir la misma.
No es difícil darse cuenta que estas reformas producidas en Jujuy y en Salta son un anticipo del gobierno a las huelgas y protestas que se seguirán producirán en rechazo a las políticas de ajuste y al extractivismo de los recursos naturales, como es el caso del litio tan codiciado por los grandes capitales. Son una muestra de que el ajuste sobre los trabajadores y las trabajadoras se profundizará en los próximos años y que ello despertará la reacción de los mismos. Todo esto en el marco de una brutal pérdida del poder adquisitivo de los salarios y de las jubilaciones, frente a un encarecimiento cada vez mayor del costo de vida para los sectores populares.
Estas reformas se incorporan a la larga historia de los intentos del Estado y del capital de impedir la acción directa de los trabajadores y de las trabajadoras, intentos que siempre terminan a la larga en fracasos por ser imposible privar a los trabajadores y a las trabajadoras de su principal arma de lucha contra las injusticias. Esta reacción del capital iniciada en las provincias del norte de nuestro país, ha despertado a la movilización popular que lentamente va tomando conciencia de la necesidad de organizarse y salir a las calles a defender sus derechos, luego de estos años de desmovilización general provocada por el peronismo, mientras las políticas del FMI continúan siendo aplicadas y se deterioran las condiciones de vida y de trabajo. La lucha continúa!!!!!