Diciembre del 2022. Pedro Castillo [1] anuncia la disolución del parlamento en el Perú: “Tomamos la decisión de establecer un gobierno de excepción orientado a establecer el Estado de Derecho (…) Disolver temporalmente el Congreso e instaurar un gobierno de emergencia excepcional”. La decisión fue cuestionada por la oposición (que la catalogó como un “golpe de estado”) y las fuerzas de seguridad. En el transcurso de los días, funcionarios fueron renunciando en un clima de movilizaciones, enfrentamientos y confusión general.
El Congreso de Perú tiene un gran poder sobre el curso de los destinos del territorio y la relación con Castillo nunca fue buena. Éste último, además de resolver la disolución del Congreso, había llamado a una constituyente en un plazo no menor a 9 meses. Los miembros de la asamblea legislativa decidieron la destitución del presidente por 101 [2] votos a favor. A siete días del mes de diciembre del año pasado, Dina Boluarte asumía como presidenta del país.
En su primer discurso la mandataria reconoció que lo hecho por Castillo era un intento de golpe de estado [3], prometiendo que su gestión uniría al pueblo del Perú (“soy una ciudadana y madre peruana que tiene pleno conocimiento de la alta responsabilidad que la historia pone en mis hombros”). Las balas no tardaron en llegar, tiñendo de sangre las calles donde la respuesta de Boluarte sobre las muertes registradas durante su régimen sería que no eran su responsabilidad. “Las Fuerzas Armadas están detrás. Ellos no tienen contacto con las personas que están protestando. Tenemos que proteger la vida y tranquilidad de los 33 millones de peruanos. Puno no es el Perú. Los que están generando la violencia, creo que también la prensa internacional debería de comunicar que el gobierno no está generando la violencia, que el gobierno quiere la paz y tranquilidad” [4].
Puno se convirtió en un “no lugar”, hecho que no es accidental en el discurso colonialista de Boluarte. La ciudad, a orillas del lago Titicaca, es uno de los centros comerciales más importantes del Perú [5]. Con una fuerte identidad ligada al imperio Inca y celebraciones culturales que han subsistido a lo largo de los siglos. El borramiento de la herencia ancestral y la represión a los agricultores, artesanos, campesinos, trabajadores marcaría una línea divisoria entre los dignos a ser considerados como ciudadanos y alteridades cuyo borramiento sería necesario para la “pacificación” del país.
Cabe notar que las actividades de sincretismo religioso que tienen lugar en el mes de enero permiten el ingreso de divisas muy importantes para el país. Por ejemplo, la celebración de la Virgen de la Candelaria proyectaba un ingreso de 64 millones de soles, aproximadamente a unos cuatro mil millones de pesos argentinos (cambio a marzo de 2023).
Según el Banco Mundial (septiembre del 2022) [6] la macroeconomía del Perú es sólida: con una relación entre deuda publica y PBI baja, reservas internacionales y un banco central confiable. El organismo plantea que dentro de los desafíos del país se encuentra el lograr reducir la economía informal (que brinda empleo a tres cuartas partes de los trabajadores de segmentos de baja productividad), y mejorar la calidad de los servicios públicos, como la educación, la salud y el abastecimiento de agua.
“El Banco Mundial mantiene una cartera activa de USD 2400 millones, que incluye 17 proyectos de inversión y 2 operaciones para políticas de desarrollo (USD 850 millones) en respaldo de políticas orientadas a lograr una recuperación económica más resiliente, verde e inclusiva, y políticas dirigidas a proteger la acumulación de capital humano e invertir en él. Los proyectos se centran en los sectores de salud, infraestructura (transporte, agua), justicia, desarrollo urbano y medio ambiente” (Banco Mundial, 2022) [7].
Para el 2023 se prevé un crecimiento entre el 2 y el 4% [8], dependiente, entre otras cuestiones, de los emplazamientos mineros como el de Quellaveco (mina propiedad de la empresa Anglo American) una de las principales productoras de cobre. La mina utiliza 22 millones de metros cúbicos de agua de dos ríos cerca de Quellaveco y por ello había estado en el foco de Ministerio de Desarrollo Agrario. Sin embargo, el gobierno peruano (desoyendo a las comunidades que se ven impactadas no sólo en su salud socioambiental sino también en la posibilidad de producir) no dio de baja los contratos debido a que la empresa sostuvo que sus actividades no afectarán la provisión de agua a las comunidades. [9] Quellaveco es uno de los tantos emprendimientos mineros que se encuentran en el país [10].
Durante el 2009, las mujeres indígenas del Perú alertaron sobre el avance del extractivismo y sus consecuencias:
“Unidas las mujeres indígenas andinas – amazónicas, estamos construyendo en forma conjunta nuestra propia agenda para participar en forma protagónica y con las propuestas que se viene trabajando orientada a defender la vida, a nuestra PACHAMAMA y YACUMAMA; frente a la política neoliberal, que está llevando a la destrucción del planeta, cuyas consecuencias ya nos afectan con la escasez de agua dulce por la contaminación de las actividades extractivistas, los alimentos transgénicos, los monocultivos que destruyen nuestra biodiversidad, y por ello desconocemos la firma del TLC con EEUU y rechazamos el TLC CAN-UE (…) Planteamos como prioritario la defensa de nuestros TERRITORIOS Y RECURSOS NATURALES, y reafirmamos que en ella se asienta nuestra vida, cultura, desarrollamos nuestra economía, manejamos nuestra alimentación, salud y generamos nuestras nuevas especies vegetales no solo para beneficio intracomunal sino también para la humanidad. Proponemos plasmar nuestros acuerdos de desconocer al gobierno de Alan García, participar activamente en el proceso de desobediencia y levantamiento de los pueblos frente a las políticas que nos afectan” (Mujeres indígenas del Perú, 2009).
¿Cuál hubiese sido la actitud de Castillo frente a estas demandas? ¿Hubiese sido parte del llamado a la desobediencia? Si bien las respuestas a éstos interrogantes son contra fácticas, permiten avizorar que no son pocos los beneficiarios de la crisis existente y del oportunismo de Boluarte; a quien no le tiembla la mano para enviar balas asesinas a las comunidades. [11]
Roberto Espinosa (2009) ponía en cifras las denuncias de las comunidades indígenas sobre el vaciamiento de bienes comunes en Perú:
“La ofensiva se expresa en más de 33 millones de Has. Amazónicas subastadas a petroleras; más de 3000 comunidades andinas con denuncios mineros superpuestos a sus territorios; ínfimos empleos y miserables impuestos que pagan dichas empresas; impunidad de la depredación y contaminación de las industrias extractivas; negativa estatal a la titulación de 250 comunidades amazónicas, ampliación de títulos de centenares de comunidades en crisis por el crecimiento poblacional y de establecer reservas territoriales a pueblos en aislamiento voluntario; y la presión de Cofopri para fragmentar y privatizar los títulos comunitarios y abrir el “mercado de tierras” reclamado por la derecha neoliberal”.
Frente a la organización de trabajadores y comunidades, la respuesta es muy parecida a aquello que ocurre en las pampas: criminalización y balas, como fue el caso de las 34 personas fallecidas y 136 heridos de bala de la masacre de Bagua.
Las alertas dejaron de ser tales cuando el 15 de enero de 2022 en la refinería La Pampilla (propiedad de la empresa Repsol) se produjo el ecocidio tan temido: En medio de la descarga del buque petrolero Mare Dorium se produjo un derrame equivalente a 6000 barriles de crudo en el mar. [12]
¿Cuál es el precio del llamado “progreso”? ¿Para quién? ¿Para las corporaciones, los gobiernos títeres? ¿Puede la organización obrera trascender el mero reclamo salarial o por condiciones de trabajo y plantear acuerdos que garanticen la vida? ¿Por qué pareciera que les trabajadores se encuentran al margen como colectivo de las cuestiones socioambientales? ¿Será una cuestión de identidad? ¿Será que no se reconocen como habitantes de las comunidades? ¿O tal vez han caído en la trampa de ese capitalismo sangriento que se empeñan en denunciar?
Mientras estos interrogantes orbitan en el aire, Boluarte envía proyectos de ley para criminalizar la protesta (PL 4271/2022-PE): no sólo Puno no es Perú, parece que quiénes protestan tampoco serán parte del territorio, quedando confinados en cárceles con penas de hasta 12 años durante el estado de emergencia. [13]
“Hoy en día, los conflictos han alcanzado límites de agudización sin precedentes, pero las élites parecen habitar otro mundo, apostando por las tecnologías de la desinformación, la masacre, y la adopción de políticas públicas secretas, todo lo cual transforma el sistema formal democrático, en una dictadura de salón y de escritorio” (R. Cusicanqui, 1986:18). [14]
Ayer como hoy, el modelo extractivo sigue cobrando la vida de trabajadores y comunidades.
Nuevos amaneceres traerán la posibilidad de que los “no lugares” cobren la fuerza de las comunidades serranas del Perú, quiénes caminan y se organizan con vistas a un habitar distinto.
¿Podrá la organización obrera iniciar un andar similar?