El año va acercándose a su ocaso, mientras la vida y la economía de la clase trabajadora caen cada vez más rápido. Con el paso de los días y los meses, la sangría económica se agranda: hay menos laburo, menos ingresos, menos salud y menor calidad de vida. Hasta mayo, se estima el cierre de más de 30.000 empresas y más de 410.000 despidos, 110.000 solo en lo que va del año.
La pauperización y la destrucción continua de los ingresos de la clase trabajadora, junto con la fiesta de la especulación financiera incentivada por el gobierno, estallan en enormes problemas de endeudamiento familiar con bancos y billeteras virtuales. Desde hace más de 10 años, quienes estaban en blanco recurrían a adelantos apenas cobraban; si no alcanzaba, pedían préstamos de corto plazo en billeteras virtuales, a tasas mayores, y trabajaban extra para mantenerse a flote. Sin embargo, la desregulación financiera, la contracción económica y el continuo saqueo al bolsillo mediante alquileres y servicios generaron una espiral de endeudamiento que no deja de profundizarse. Así como se depredan empresas y servicios públicos para favorecer a unos pocos empresarios y grupos económicos, las familias trabajadoras son despojadas de sus viviendas y su dignidad, llegando incluso a perder sus casas a manos de bancos o financieras. Mientras tanto, las mafias del narcotráfico ocupan cada vez más territorio, apropiándose de ellas y empleando a más gente en un negocio rentable de destrucción y dominación social.
Este panorama desolador se lleva la vida de miles, tanto por enfermedades derivadas de vivir cada vez peor como por el aumento de los suicidios ante la imposibilidad de sostener una vida cada vez más sombría y cruel. Mientras tanto, un selecto grupo de capitalistas se apropia cada vez más del valor de nuestro trabajo y de los territorios que habitamos. Las bases estructurales del sometimiento que viviremos se están construyendo en tiempo real. El gobierno recurre desesperadamente a medidas económicas para evitar que todo explote antes de las elecciones, mientras la oposición juega a la casta e intenta acomodar el escenario por si vuelve a ocupar la Casa Rosada y le toca gestionar el capitalismo salvaje en Argentina. También allí radican las designaciones de jueces para blindar cualquier posibilidad de frenar o suspender las leyes y decretos con los que a diario nos roban y nos matan.
En eso radica la desesperación y el apuro por leyes como las de “inviolabilidad de la propiedad privada” —o, mejor dicho, de despojo al pueblo trabajador—, que plantean el desalojo exprés de quienes se atrasen en el pago del alquiler y de las fábricas recuperadas por sus trabajadores tras el vaciamiento y cierre, dificultando su puesta en funcionamiento. También el desalojo de comunidades originarias para favorecer el avance extractivo de mineras, petroleras y grandes latifundistas agrícolas y ganaderos. La represión crece necesariamente para contener el creciente descontento y las protestas que genera un plan económico que deja afuera a más de 30 millones de personas. Habrá que ver cuánto dura y en qué degenerará el aumento de la violencia estatal a manos de militares y policías, también ajustados en salario y obra social. Es evidente, sin embargo, que cuentan con otro incentivo: el sentimiento de impunidad para golpear, verduguear y reprimir a jubilados, personas con discapacidad, familias sin techo y trabajadores que protestan y se organizan por una vida mejor.
No hay salida en las urnas para quienes todos los días pierden el trabajo, el salario y las condiciones de vida. No hay salvación en los mismos dirigentes que administran la derrota mientras negocian a espaldas de quienes dicen representar. Y no hay reforma laboral que vuelva digno un sistema construido sobre la explotación y el miedo a quedar en la calle.
Frente a este escenario, no alcanza con resistir cada ataque por separado. Hace falta construir una fuerza obrera capaz de enfrentar al capital ahí donde realmente se lo puede golpear: en los lugares de trabajo, en los barrios y en las calles. Una organización que no pida permiso para luchar, que no subordine las necesidades de quienes trabajan a los calendarios electorales ni a los intereses de ninguna estructura partidaria.
La huelga general sigue siendo nuestra herramienta más poderosa. Pero para hacerla posible necesitamos organización, solidaridad y decisión. Necesitamos recuperar la herramienta sindical como instrumento de lucha y arrancarlo de las manos de quienes lo convirtieron en una oficina de negociación permanente.
Por eso, construir la FORA no es mirar hacia el pasado: es disputar el presente y preparar el futuro. Es volver a levantar una organización gremial, federal, autónoma de los partidos y del Estado, donde la acción directa, la solidaridad y la organización desde abajo sean algo más que consignas.
La cuestión ya no es solamente cuánto más estamos dispuestos a perder. La cuestión es cuánto estamos dispuestos a organizarnos para dejar de perder.
Frente al avance del capital, organización obrera.
Frente a la burocracia, acción directa.
Frente a la precarización, solidaridad.
Frente al sometimiento, huelga general.