La vejez no es solo una etapa de la vida; es también un espejo donde se reflejan las decisiones políticas, económicas y éticas de una sociedad. Hoy en la Argentina, los jubilados no solo enfrentan el deterioro físico y emocional propio del tiempo, sino también una agresión sistemática y sostenida por parte de un Estado que ha decidido convertir el ajuste en doctrina. Bajo la gestión de La Libertad Avanza, el sistema previsional argentino está siendo reformulado no para garantizar derechos, sino para desmantelarlos. Sin embargo, esta demolición no empieza en 2023: es la culminación de un proceso de larga data, sostenido y agravado por gobiernos anteriores que abandonaron el principio de justicia social como fundamento de la seguridad social. Instrumento de política fiscal: Todos los gobiernos, en mayor o menor medida, han contenido el gasto previsional para ajustar las cuentas públicas, ya sea mediante fórmulas que no compensan la inflación, pesificación de ahorros o congelamientos. Pérdida del concepto de salario: La idea de que la jubilación es el “último salario” se perdió con la dictadura. Hoy es visto principalmente como un gasto social que el Estado debe administrar y contener. Inestabilidad normativa: Los cambios constantes de reglas de juego (sistema de reparto, sistema de capitalización, múltiples fórmulas de movilidad) han generado incertidumbre y han impedido la construcción de un sistema previsional sólido y predecible. Erosión continua: A pesar de períodos de recuperación (como la poscrisis 2001), la tendencia de largo plazo es una erosión constante del poder adquisitivo del haber previsional, transformándolo de un derecho laboral en un subsidio de subsistencia. La situación de los jubilados en Argentina es el resultado de cuatro décadas de políticas erráticas y cortoplacistas, independientemente del signo político del gobierno de turno. El denominador común ha sido la utilización del sistema previsional como una variable de ajuste macroeconómico. La reforma jubilatoria impulsada por el actual gobierno busca consolidar un sistema que funcione como “premio al que pudo sobrevivir al mercado”. Se eliminan moratorias, se vuelve a un régimen donde solo se jubilan quienes tuvieron empleos registrados y constantes durante 30 años. Esto deja afuera a millones: Mujeres que criaron, cuidaron y trabajaron sin recibir salario ni aportes. Trabajadores informales. Monotributistas precarizados. Sectores populares y de la economía social. Además, se busca avanzar hacia una individualización del sistema previsional (capitalización o cuentas individuales), donde, cada uno “ahorre” su propia vejez. Es la vieja lógica de las AFJP reencarnada, donde la vejez depende del éxito personal en un mercado cada vez más excluyente. La vejez como descarte: la lógica necro política. El resultado de esta reforma es brutal: la exclusión sistemática de una parte creciente de la población de cualquier ingreso digno en la vejez. La vejez se convierte en un campo de muerte social. La jubilación mínima sigue hundiéndose muy por debajo de la línea de indigencia. El PAMI no cesa de sufrir recortes, las medicaciones gratuitas son cada vez más restrictivas y los alquileres se han convertido en una pesadilla inalcanzable. Según los datos oficiales difundidos por los medios —de credibilidad cada vez más cuestionada—, en diciembre de 2025 el haber mínimo jubilatorio se ubicó en $288.000, mientras que la Canasta Básica Total para una persona sola ya supera los $480.000. En el AMBA, el precio promedio de un monoambiente en alquiler ronda los $380.000, condenando a lxs adultxs mayores a la precariedad habitacional. Como trabajadorxs, sabemos muy bien que el costo real de la vida está muy por encima de estas cifras oficiales. Aun con el llamado “refuerzo extraordinario” —una suma irregular que ni siquiera cubre un mes completo de medicamentos—, la situación no logra revertirse. Programas como la PUAM (Pensión Universal para el Adulto Mayor) o la Tarjeta Alimentar, lejos de ser soluciones estructurales, apenas funcionan como paliativos temporales que en ningún caso alcanzan la línea de subsistencia. A inicios de 2026, la brecha entre ingresos y supervivencia se ha profundizado, configurando una vejez indigna para quienes dedicaron su vida al trabajo. ¿Y cómo justifican esto? Llamándolos “planeros previsionales”. Nada más falso ni más cruel: hablamos de personas mayores sin recursos, muchas veces con trayectorias de trabajo informal o discontinuo, que fueron sistemáticamente expulsadas del sistema. No son subsidiados: son sobrevivientes
… continuará en el próximo número