El proceso electoral y la asunción de la presidencia por parte de la fuerza política comandada por Javier Milei ha puesto a la sociedad argentina en un estado de desorientación ante el frenético ritmo de los cambios producidos.
La conquista del Poder Ejecutivo por parte de un partido de escasa trayectoria, con un armado político improvisado, y dándose a conocer al público a través de varias consignas disparatadas, todavía no deja de sorprender a gran parte de la población local y a los analistas extranjeros.
El atractivo causado por el sector triunfante se ancló en una premisa clara. Frenar el desbalance económico que hace años viene produciendo un proceso inflacionario de grandes proporciones en Argentina. Las soluciones brindadas no son otra cosa que medidas ortodoxas de reducción del gasto público y de liberalización de la economía en todos sus frentes. Pero a esta receta, de clásico perfil liberal, le sumaron un condimento un tanto innovador al debate público. La crítica a la “casta política” como sector social parasitario que para mantener sus privilegios empobrece al conjunto de la población a través del gasto público.
La búsqueda de un chivo expiatorio es una herramienta política muy útil para poder distanciarse del problema y diferenciarse de sus creadores. Por eso, esta nueva fuerza de derecha utilizó el desprestigio que tiene el sistema político local para responsabilizar a sus representantes por la crisis actual. Bajo el discurso contra la “casta” fue ganando visibilidad una vertiente política casi inexistente en nuestro país, los libertarianos (mal conocidos como libertarios), una versión del liberalismo que extrema su crítica a la intervención del Estado en la regulación de la vida social y económica.
Los resultados finales del plan económico que pretende aplicar el gobierno de Milei todavía no los conocemos, pero si sabemos cómo pretende llevarlo adelante. En menos de un mes de gestión, el gobierno ha articulado cuatro grandes medidas que dan cuenta de su perfil y de sus horizontes ideológicos. Las medidas adoptadas durante la primera semana por el Ministerio de Economía y el Protocolo del Ministerio de Seguridad, también llamado “antipiquete”, el posterior Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) que propone eliminar más de 300 leyes vigentes y, por último, el Proyecto de “Ley Ómnibus”, con más de 600 artículos que pretende establecer nuevas medidas políticas con fuerza de ley sobre diferentes ámbitos de intervención.
¿Qué es lo que rápidamente se advierte de todas estas medidas? Que la llamada “gente de bien” enunciada por el Presidente no incluye a lxs trabajadorxs y que los ajustes económicos no van a recaer sobre la casta política, ni la eclesiástica, ni la militar, ni mucho menos sobre la empresarial, sino (vaya sorpresa) sobre la espalda de quienes generamos la producción y vendemos nuestra fuerza de trabajo por un mísero salario. Al fin y al cabo parece que la originalidad del nuevo gobierno se emparentó con las medidas adoptadas por sus antecesores, utilizar a lxs trabajadorxs como variables del ajuste.
Las últimas medidas económicas anunciadas por el Ministro de Economía así lo dejan de manifiesto. Nuevamente lxs trabajadorxs son quienes tienen que sostener con su miseria la crisis del capitalismo. La fuerte devaluación aplicada nos esfuma el sueldo, sin poder proyectar una estabilidad frente a la especulación de los precios y la inflación creciente. La quita de los subsidios a los servicios como al transporte se suman a este golpe al bolsillo, posicionándonos frente a un panorama bastante incierto. Nuestros sueldos, que ya venían en caída, se desvanecen con la suba de los precios, y ya se están haciendo cálculos de cuánta plata se va a perder en ir y volver del lugar de trabajo con los aumentos en el transporte público. Las paritarias son un misterio, y los despidos se presienten.
Como el gobierno sabe que sus políticas económicas van a generar una respuesta por parte de la sociedad, instrumentaron una sábana de políticas represivas. El objetivo está orientado a perseguir a toda organización de los explotados bajo un discurso que busca estigmatizar a quienes protestan, responsabilizándolas de lo que pueda llegar a suceder en una manifestación. Si bien se podría creer que todo está armado para ponerle un freno a las llamadas “organizaciones piqueteras”, en realidad su objetivo es más amplio, apuntando a toda entidad que busque manifestar su descontento, instalando la paranoia, el miedo y, consecuentemente, la inmovilidad.
En materia laboral, tanto el DNU, como el proyecto de ley, ponen de manifiesto el perfil pro empresarial asumido por el nuevo gobierno y su visión de la economía, limitando derechos, anulando conquistas históricas y flexibilizando aún más las condiciones de trabajo. Nosotrxs, como trabajadorxs auténticamente libertarixs, nos manifestamos en contra de los privilegios, de todos ellos, y es por eso que hace más de un siglo venimos denunciando que la sociedad de clases se sustenta en el privilegio de la burguesía. Pero ahora, parece que la estrategia de dominación no es la aplicación de la fuerza bruta, al estilo de un golpe de Estado, sino que el amo pretende disfrazarse de esclavo y que nosotrxs creamos que somos lxs culpables del descontrol económico por pretender no morirnos de hambre. Ya se puede oír en los medios de comunicación masiva a lxs propagandistas del ajuste recomendando comer una sola vez al día. Ya nos gustaría ver que ellos apliquen la misma dieta.
Esta situación nos plantea la necesidad de hacerle frente a esta avanzada sobre nuestras condiciones de vida. Sin embargo, consideramos que, en gran medida, una de las causas de encontrarnos en esta condición es por culpa de las dirigencias sindicales, quienes a lo largo de todos estos años de pérdida del poder adquisitivo estuvieron dedicadas a defender su posición privilegiada. Para nosotrxs no hay nada de nuevo en denunciar a la burocracia sindical que vive de los aportes de los asalariados. Ellos son parte del status quo que sostiene este estado de cosas. Durante décadas avalaron la pérdida del poder adquisitivo, admitieron sumas salariales no incorporadas al básico, no hicieron nada ante el crecimiento del trabajo en negro y de la expansión de la flexibilización, contribuyendo así a la baja de la afiliación sindical y al descrédito de los gremios como organismos representativos de la clase obrera. Ni que hablar de la democracia al interior de estas entidades.
Creemos que la única manera de frenar esta avanzada capitalista es sacándole el óxido a la cultura de la lucha, para que vuelva a latir en el seno del movimiento obrero. Correr de la toma de decisiones a lxs dirigentes que vinieron traicionando nuestras reivindicaciones en nombre de la “paz social”, y tomar el protagonismo desde las bases, desde nuestros puestos de trabajos. Quienes sufrimos directamente las especulaciones de gobernantes y capitalistas no podemos seguir confiando en las dirigencias sindicales aliadas al poder. Tenemos que comprender que no hay soluciones mágicas, ni salvadores todopoderosos. Por eso debemos hacernos cargo de nuestra situación y organizarnos en agrupaciones sindicales independientes que solo representen el interés legítimo de los trabajadores.
Retomamos una vieja frase que los liberales parecen haber olvidado: “No más obligaciones sin derechos, ni más derechos sin obligaciones”
Expandamos la acción directa como medio de protesta
Reforcemos la solidaridad entre trabajadores
No esperemos nada de los traidores, las decisiones están en nuestras manos.