En búsqueda de ilegalizar a la FORA. El proceso por “asociación ilícita” (1932)

La irrupción del golpe de Estado comandado por Uriburu en septiembre de 1930 inauguró el ciclo de dictaduras militares en la historia argentina, configurándose como una opción plausible para hacerse con el poder político. El imperativo de reinstalar el orden guió el accionar represivo desplegado por el Estado a través de coartar las libertades civiles y el libre desarrollo de las organizaciones políticas y sindicales. El avance de las medidas gubernamentales se sustentó en el clima de ideas reaccionarias imperante en la época respaldadas en el auge del militarismo, el nacionalismo y el clericalismo, concepción que continuó vigente durante toda la década, aún bajo la reinstalación del orden constitucional. 

La ofensiva ejercida por el gobierno dispuso a las corrientes combativas del movimiento obrero como uno de los blancos predilectos de la represión. Si bien la persecución a los anarquistas fue recurrente desde inicios del siglo XX, a partir de la dictadura de Uriburu su aplicación se extremó, derivando en que los propios actores de la época manifestaron la preocupación de estar viviendo momentos cruciales para su supervivencia a causa de la persecución sufrida. Con el fin de explorar cómo se desarrolló este proceso vamos a analizar un caso aplicado sobre la militancia de la FORA, concerniente al proceso judicial por “asociación ilícita” sobre tres de sus sindicatos de la ciudad de Buenos Aires (Panaderos, Choferes y Lavadores de Autos).

El resurgimiento de la protesta social en 1932

Con el arribo de Agustín Justo al poder, en febrero de 1932, se levantó el estado de sitio y regresaron varios exiliados y se produjo una efervescente actividad producto de la reactivación de muchos sindicatos que habían quedados agazapados a su mínima expresión durante el período dictatorial. Con el cambio de administración política las medidas represivas amainaron unos meses, para luego, con el objetivo de contener la protesta social, volver a aplicar detenciones, deportaciones, censura y allanamientos.

Bajo ese contexto, la FORA declaró una huelga general para el 14 de junio en respuesta a la política represiva, exigiendo el respeto del derecho de reunión y el de huelga, la derogación de la ley de Residencia y la supresión del penal de Ushuaia. Las consecuencias de esta protesta fueron trascendentales para el movimiento forista, ya que producto de los actos de sabotaje practicados durante aquella jornada, las fuerzas de seguridad emprendieron la persecución que dio inicio al proceso judicial por “asociación ilícita”. 

Judicialización de sindicatos

El 30 de junio de aquel año la policía allanó el principal local de la FORA, en Bartolomé Mitre 3270, donde trabajaban varios sindicatos y cuerpos administrativos de la federación, secuestrando material de secretaria y deteniendo a los más de 500 individuos que se encontraban dentro (coincidiendo con la realización de una asamblea de choferes de ómnibus en huelga). En los dos días siguientes también clausuraron el local de panaderos, en Nazca 426, y detuvieron a más militantes en sus domicilios particulares o en sus puestos de trabajo -llevando también a los patrones a la comisaría, para que declaren sobre la acción sindical de los foristas-, sumando así un total de 620 detenidos en tres días.

Estas medidas represivas fueron dispuestas por el juez de instrucción Berutti con el fin de esclarecer el asesinato de un patrón panadero, los sucesivos atentados cometidos contra empresas de ómnibus y taxis en conflicto, y los actos de sabotaje practicados durante la huelga del 14 de junio. Una vez producidas las detenciones, el juez se dedicó a revisar distintos documentos incautados con el objetivo de determinar el móvil de los delitos, hallando “…elementos probatorios de las actividades desarrolladas por los dirigentes y algunos componentes destacados de esas sociedades de resistencia, de los que resulta que al ejercitar actos en favor de los que consideran derechos legítimos y practicar y predicar el “sabotage” (sic), han incurrido en el delito de asociación ilícita, que prevé y pena el Código Penal.”  

Con este proceder la Justicia pasó de averiguar quiénes eran los culpables materiales e intelectuales de aquellos atentados a juzgar el accionar de cada uno de los sindicatos implicados, con el fin de determinar la legalidad o no de los medios de lucha empleados por aquellos. La hipótesis que justificaba el proceder judicial era que las sociedades de resistencia eran: “…organizaciones más que de obreros, semejaban bandas de asaltantes, por cuanto en realidad la verdadera finalidad de ambas (panaderos y choferes), constituía en provocar anormalidades por causas nimias para luego imponerse por la violencia.” Por ende, plausibles de ser condenadas como organizaciones ilegales. 

El proceso judicial se dividió en tres instancias diferentes que fueron englobadas como los casos por “asociación ilícita”. El primer juicio recayó sobre 37 choferes y lavadores de autos detenidos durante el allanamiento al local de Bartolomé Mitre. Las penas por cumplir eran de dos años de prisión, a excepción de algunos casos puntuales donde la condena se agravó a tres, cuatro o seis años, por comprobarse intimidación pública o provocación de incendios. El segundo proceso involucró a 17 panaderos detenidos entre el 30 de junio y el de 14 de julio de 1932, sobre quienes, en marzo de 1933, el juez Speroni dictaminó 3 años de reclusión para todos los detenidos, otorgándole un año más a un procesado (Ricardo López) por el crimen de “atentado a la libertad de trabajo y abuso de armas”. El tercer proceso comprendió a 13 delegados de líneas de colectivos detenidos entre fines de diciembre de 1932 y los primeros días de enero de 1933, quienes quedaron detenidos bajo la carátula de prisión preventiva, pero nunca se les dictó condena (Penelas, 1996: 214-216). De los centenares de detenidos inicialmente, solo 67 personas fueron procesadas dentro de esta causa. Entre agosto y diciembre de 1935 fueron liberados casi todos los procesados, pero el destino de 22 de estos prisioneros no culminó allí, sino que serán deportados en los meses siguientes.

Las razones que derivaron en estos procesos judiciales se fundaron en causas que remiten a los conflictos que cada uno de estos gremios estaban llevando adelante y a la utilización de métodos violentos para imponer sus reclamos. En el caso de los choferes, el grueso de los detenidos eran empleados de las empresas de ómnibus Paramo y Luso Argentina, pero también los comprendidos en el tercer proceso judicial, todos ellos integrantes de la línea de colectivo N° 16. Las causas del procesamiento de los miembros del sindicato de Lavadores de Autos están íntimamente emparentadas con las correspondientes a los choferes. En primer lugar, porque la propia policía no distinguió de forma clara a ambos sindicatos como organizaciones diferentes, presumiblemente porque sus actividades laborales estaban en permanente diálogo y muchas veces procedían de forma conjunta contra el mismo empresario. En segundo término, cabe recordar que los lavadores procesados fueron detenidos en el mismo sitio que el grueso de los choferes, en tanto que era un local compartido por varios sindicatos de la FORA. Por último, al igual que les paso a los choferes, la selección de los procesados tendrá como partícipes directos a los patrones del rubro con quienes el sindicato tenía conflictos abiertos.

En referencia a las causas particulares del conflicto que atañe al gremio de panaderos, la excusa particular fue el asesinato del dueño de la panadería ubicada en Gaona 4225, suceso que derivó en la persecución del conjunto del sindicato, asociándolo como una entidad dedicada a planear ese tipo de acciones. Pero como explicación más general se relaciona con el impulso que había cobrado la exigencia del cumplimiento de la ley 11.338, que prohibía el trabajo nocturno en las panaderías, a partir de febrero de 1932. Aspiración tan antigua como el propio sindicato panadero. Incluso el sindicato panadero de la CGT secundó la hipótesis esgrimida por los foristas de que fueron los mismos empresarios los que originalmente gestaron el proceso para no cumplir con los derechos laborales, lo cual se evidenciaba por medio de las continuas comunicaciones que los patrones del gremio mantenían con autoridades policiales y judiciales, proporcionando documentación sobre sus trabajadores.

Los tres sindicatos procesados compartieron ciertas características en común, ejercieron una gran influencia dentro de sus gremios, se volcaron de forma entusiasta a recuperar las condiciones laborales y las posiciones perdidas durante el gobierno de Uriburu, y se rigieron por medio de la acción directa, haciendo uso frecuente de medios de luchas violentos, como el boicot y el sabotaje. La información utilizada en el juicio contra estas tres organizaciones, además de la brindada por los empresarios de cada rubro, la proporcionaron agentes de la policía infiltrados dentro de las organizaciones. Por ejemplo, Severino Rinaldi, agente de investigación de la sección Orden Social, afirmó que desde los años veinte era un asiduo asistente a los locales obreros, por lo cual era capaz de identificar a “los elementos conceptuados como peligrosos”.

Respuestas y repercusiones sobre los sindicatos involucrados

Ante el golpe asestado hacia el movimiento de la FORA, sus integrantes buscaron dar una pronta respuesta denunciando el abuso de autoridad, exponer la situación públicamente para contrarrestar los argumentos esgrimidos desde la prensa afín al gobierno y esgrimiendo diferentes modalidades de protesta. En este sentido, dos días después de realizados los allanamientos, el sindicato de choferes efectuó una importante paralización de su gremio, siendo total entre los taxis y colectivos, abarcando a la mayoría de las empresas de ómnibus y bastantes camiones. Por su parte la FOLB convocó a una huelga general el 15 de julio y la FORA hizo lo propio durante los días 26 y 27 de agosto, efectuando actos públicos de forma previa en diversas localidades del país para dar a conocer las causas del proceso judicial y la persecución a su militancia. 

Un punto sobre el que queremos hacer hincapié es que la repercusión interna de este procesamiento no impactó de igual forma a los tres sindicatos foristas. Las sociedades de resistencia de Choferes y Lavadores de autos lograron mantener sus organizaciones a flote, a pesar de tener su local allanado, por medio de reforzar la representación sindical en los lugares de trabajo a través de  designar delegados por cada línea de colectivo, tropa de camiones o compañía de ómnibus. Situación similar cabe señalar respecto al sindicato de Lavadores de autos, quienes, “empleando formas inteligentes de agremiación acorde con el momento social y económico y con útiles proyecciones ulteriores”.  En este sentido, ambas sociedades de resistencia implementaron la táctica de consolidar la representación sindical en cada establecimiento laboral para adaptarse a los cambios imperantes por la represión y sostener el control gremial.

El sindicato de Panaderos, en cambio, no corrió la misma suerte. Las medidas represivas empujaron a que sus cuadros se replieguen hacia la clandestinidad, relegando su presencia en las panaderías. Esta situación supo ser aprovechada por el sindicato de la CGT, que rápidamente pasó a ocupar el espacio vacante que dejó el sindicato de la FORA. La adhesión del grueso de los trabajadores del gremio al nuevo sindicato se debió a que esta se presentó como un medio posible para alcanzar la antigua aspiración en torno a la prohibición del trabajo nocturno. Pero, ni el auspicio de la CGT, ni sus contactos parlamentarios pudieron superar el lobby empresarial realizado por la Federación de Industriales Panaderos para no cumplir con esta ley, quienes obtuvieron la concesión “transitoria” para poder trabajar de noche en enero de 1934. 

***

En síntesis, la causa judicial por “asociación ilícita” fue uno de los casos de mayor preocupación para los foristas durante la primera mitad de la década del treinta. Estos advertían que, de no revertirse la voluntad política de ilegalizar a los organismos obreros involucrados en este proceso, la posición de toda la federación corría un serio peligro, habilitando la posibilidad de que esta estrategia represiva sea utilizada como antecedente y se replique en los demás gremios a fin de anular la inserción ácrata dentro de los sindicatos. Al mismo tiempo, advertían que esa restricción le estaría dejando el camino libre a los gremios de carácter reformista pertenecientes a la CGT para ocupar sus espacios de influencia. 

Como hemos señalado, las condenas sobre los acusados individuales comprendieron el presidio durante un promedio de tres años, muchos de los cuales luego fueron deportados a sus países de origen. Pero el mayor temor lo representó el juzgamiento de las sociedades de resistencia como institución pública, intentando anular sus funciones vitales como órgano de defensa de los trabajadores. En este sentido, la adaptación ejercida por Choferes y Lavadores representó una estrategia clave para su supervivencia. Al trasladar el eje de las reuniones del local sindical a los propios lugares de trabajo lograron mantener el vínculo entre los trabajadores de base y la Comisión Administrativa, como también el sostén de diversos conflictos y la publicación regular de un periódico de una cuidadosa edición (La Voz del Chauffeur) que informaba a los socios de las novedades del gremio. El caso de los panaderos fue diferente. Aquel baluarte del sindicalismo anarquista nunca logro recomponerse de este ataque. Muchos sindicatos panaderos continuaron funcionando en el conurbano bonaerense, y a lo largo del país, bajo el amparo de la FORA, pero no así dentro de la ciudad de Buenos Aires, plaza que no volvió a recuperarse.

La persecución efectuada por las fuerzas represivas, gobernantes y poder judicial sobre los sectores combativos del movimiento obrero son asumidos como lógicas entendibles dentro de la puja de intereses contrapuestos instaurados en la sociedad capitalista. Lo que se debe asumir son las lecciones de como sortear aquellas trabas impuestas desde las esferas del poder para poder proseguir con nuestra tarea.

A noventa años de iniciado el proceso por “asociación ilícita”, nuestro fraterno recuerdo para aquellos compañeros acusados de “ilegales”.

J.C.
Categoría: Historia
Publicado el