En los primeros días de febrero de 1932 varios individuos eran trasladados por la policía desde la cárcel de Villa Devoto hacia el puerto. Su destino era sabido, iban a ser deportados. Sin ninguna posibilidad de apelar la sanción de la ley de Residencia, los detenidos se subieron a los vehículos policiales al grito de “¡Viva la anarquía!” y “¡Abajo la dictadura!”, recibiendo a cambio la reprimenda de los agentes de policía por medio de las culatas de sus fusiles (Grunfeld, José, Memorias de un anarquista, Buenos Aires, Nuevo hacer, 2000, pp. 125-126).
El 10 de febrero el vapor Chaco emprendió su viaje hacia Europa. En su interior trasladaba a 112 deportados, el contingente más grande de la historia argentina. ¿Cuáles eran las razones de estas expulsiones y quienes eran los afectados? La primera pregunta requiere de contextualizar la situación política y social. Durante el año 1931 la dictadura de Uriburu perdió apoyo político de quienes lo acompañaron en la incursión golpista, obligándolo a convocar a elecciones. Las mismas se produjeron en noviembre de aquel año, y ante la ausencia de los radicales terminó triunfando Agustín Justo, también militar, pero que se presentó como un civil respetuoso de las instituciones democráticas.
A los días de producidas las elecciones la prensa anunció que el gobierno iba a deportar a más de 300 detenidos alojados en la cárcel Villa Devoto. La noticia generó una gran repercusión social y fue leída como un desquite de Uriburu ante la impotencia de mantenerse en el poder. El blanco de su ataque eran militantes anarquistas y de izquierda que habían sido cazados a lo largo del país en el último año, los “peligrosos” e “indeseables” de siempre, sujetos sobre los cuales l resultaba relativamente fácil justificar su expulsión ante la opinión pública.
La respuesta popular no se hizo esperar. Los presos sociales decidieron efectuar una huelga de hambre por tiempo indeterminado para dar a conocer su situación ante la opinión pública, la cual se efectuó entre los días 6 y 14 de diciembre. El reclamo de los presos fue acompañado por muchas organizaciones obreras que se manifestaron en contra de las deportaciones a través de solicitadas en los periódicos. La FORA, por su parte, decidió superar los pronunciamientos por medio de impulsar una huelga general el 11 de diciembre. Incluso en Montevideo los exiliados realizaron actos públicos de solidaridad, contando con el concurso de la Federación Obrera Regional Uruguaya – FORU. [1].
Desde una visión optimista, los integrantes de La Antorcha afirmaron que la protesta realizada por la FORA y los sindicatos autónomos “fue creando, durante la semana que duró la huelga de hambre, un ambiente general de repudio que seguramente influyó para que el gobierno, so capa de ceder a la opinión pública, postergara las deportaciones” [2]. Pero, como se sabrá posteriormente, el gobierno no suspendió las deportaciones, sino que las postergó. La noticia de la reactivación de la medida, a principios de 1932, resultó irritable por el viraje de último momento realizado por el gobierno de Uriburu, provocando nuevamente la movilización de los sectores populares en búsqueda de doblegar la decisión de las autoridades del gobierno saliente.
El 13 de enero de 1932 el Ministerio de Marina anunció que los deportados serían trasladados a sus países de origen a bordo del Chaco, concretándose su expulsión un mes después, a escasos días del traspaso presidencial ¿Quiénes eran los deportados implicados en este caso? De los 112 individuos expulsados 30 procedían de la sección Robo y Hurtos de la Policía, mientras que los otros 82 encauzados pertenecían a la división Orden Social. De este grupo de “agitadores” obreros, 40 estaban catalogados como comunistas, 34 como anarquistas, mientras que los 8 restantes no tenían una identificación política clara según el informe policial [3]. Es importante señalar que los países de origen de los deportados estaban gobernados por regímenes fascistas, constituyendo un grave peligro para su integridad.
Gracias a la presentación de un habeas corpus impulsado por los abogados del Comité Pro Presos se logró que 33 de los implicados fueran indultados, regresando al país el 10 de mayo de 1932. Antes que el Poder Ejecutivo firmara el indulto, la FORA impulsó una huelga general reclamando el retorno de los deportados para el día 12 de marzo. La repercusión de las protestas ejercidas hacia las autoridades políticas por parte de diferentes organizaciones sociales, sumado al intento del gobierno entrante de despegarse de la figura del dictador, derivó en que se deseche la propuesta de aplicar la ley de residencia sobre 301 individuos más.
Hace 90 años se concretó una disposición represiva que buscó amordazar a los trabajadores revolucionarios. Podría no sorprender que esta medida haya sido activada desde un gobierno dictatorial, por lo cual es necesario señalar que las autoridades políticas que le sucedieron también aplicaron la deportación, e incluso otros métodos de represión más sofisticados con el fin de desmembrar a las organizaciones que no se adaptaban a sus cánones políticos. Es sabido que la historia del proletariado argentino está plagada de estas represalias por parte del Estado. Entendemos que las mismas son herramientas de contención esgrimidas por los detentores del poder, y que más allá de los discursos de época utilizados por los políticos, mantienen una lógica de hierro, el mantener a las mayorías subordinadas a los intereses de una minoría.
Los anarquistas de antaño, lejos de presentarse como héroes, han pagado el precio de defender las causas que consideraban justas. Nuestro deber actual es sacar enseñanzas de sus experiencias. De esta forma, vemos al Estado como una institución histórica que apuntó a la conciliación de clases a través de distintos mecanismos. Uno de los más burdos fue el de “sacarse de encima” a los “molestos” que no se ajustaban a las normas del capitalismo. Nosotros nos identificamos con aquellos “indeseables” que quisieron subvertir su injusta realidad. Por eso, retomar en sus experiencias es clave para forjar una memoria colectiva de perfiles emancipativos.