Desde hace 20 años la cuestión de la representación es un problema. En Argentina la cuestión está ligada a 2001, pero esto es un fenómeno mundial. Desde la “guerra del agua” en Bolivia a las movilizaciones populares de Génova o de Seattle, pasando por los estudiantes chilenos, o lo que fuera el movimiento de indignados en España, el pasaje del siglo XX al XXI estuvo marcado por una serie de conflictos populares en tensión profunda con las conducciones políticas de los gobiernos democráticos.
No siempre se ha puesto este fenómeno en su justa dimensión. La representación se ligó con la política en el ideario progresista del siglo XVIII y en la materialidad de la vida política de todos los pueblos del mundo, de una u otra manera, a partir de las tres grandes revoluciones sin las cuales sería imposible comprender la modernidad: la revolución inglesa de la segunda mitad del siglo XVII, y las revoluciones norteamericana y francesa de fines del siglo XVIII.
Aquellos procesos son los que vinieron a arruinar la legitimidad de los gobiernos monárquicos que constituyeron el primer proceso de gran concentración del poder en occidente desde la disolución del imperio romano. La continuidad institucional de aquella gran concentración es el gobierno representativo que surge como presión política de una burguesía que no dejaba de acumular poder económico con la sistemática expansión del capitalismo.
La representación política nace, entonces, como vector de legitimación del poder en la composición imaginaria de un pueblo soberano. Y digo imaginaria porque esa soberanía presuntamente propia de los pueblos libres del mundo, fue en realidad reservada para un sector que, a semejanza de la burocracia romana, es el sector que administra el poder del Estado.
Hay un fragmento de Estatismo y anarquía, de Miguel Bakunin, que lo ilustra claramente:
“Tuvimos ocasión varias veces de expresar nuestro disgusto profundo hacia las teorías de Lassalle y de Marx, que recomendaban a los trabajadores, si no como el ideal, al menos como el objetivo principal más próximo, la fundación del Estado popular que, según ellos, no sería más que «el proletariado elevado al rango de clase dominante». Si el proletariado, se pregunta, se convierte en clase dominante, ¿sobre quién dominaría? Quedará, pues, otro proletariado que será sometido a esa nueva dominación, a ese nuevo Estado. Ése es el caso, por ejemplo, de la masa campesina que, como se sabe, no disfruta de la benevolencia de los marxistas y que, encontrándose en un nivel inferior de cultura, será probablemente gobernada por el proletariado de las ciudades y de las fábricas; o, si consideramos la cuestión desde el punto de vista nacional, los esclavos caerán por esas mismas razones bajo un yugo servil en relación con el proletariado alemán vencedor, semejante al que sufre este último en relación con su burguesía.
[…]
¿Qué significa “el proletariado elevado al rango de clase dominante”? ¿Sería el proletariado entero el que se pondrá a la cabeza del gobierno? Hay aproximadamente unos 40 millones de alemanes. ¿Se imagina uno a todos esos 40 millones miembros del gobierno? El pueblo entero gobernará y no habrá gobernados. Pero entonces no habrá gobierno, no habría Estado; mientras que si hay Estado habrá gobernados, habrá esclavos.
Este dilema se resuelve fácilmente en la teoría marxista. Entienden, por gobierno del pueblo, un gobierno de un pequeño número de representantes elegidos por el pueblo. El sufragio universal –el derecho de elección por todo el pueblo de los representantes del pueblo y de los gerentes del Estado–, tal es la última palabra de los marxistas lo mismo que de la minoría dominante, tanto más peligrosa cuanto que aparece como la expresión de la llamada voluntad del pueblo” [1].
Paradójicamente, en este punto emerge una confluencia entre el pensamiento de Bakunin y el pensamiento de Jean-Jacques Rousseau, uno de los más trascendentes pensadores autoritarios:
“Afirmo, pues, que no siendo la soberanía sino el ejercicio de la voluntad general, jamás deberá enajenarse, y que el soberano, que no es más que un ser colectivo, no puede ser representado sino por él mismo: el poder se transmite, la voluntad no.” [2]
Indudablemente no se le escapaba a los fundadores del pensamiento político moderno la falla estructural de su propio dispositivo. La representación, lanzada contra la arbitrariedad monárquica, sólo podía servir al modelo autoritario de gestión de la cosa pública según la cual el poder era delegado por el soberano en la autoridad del gobernante.
Rousseau, entre los filósofos progresistas del siglo XVIII, fue responsable de componer una ficción legitimante del Estado moderno. Esta fantasía se advierte cada vez que se dice del Estado que su función es defender el bien común. Esta supuesta función del Estado nunca existió, como se deja ver en su propia historia, y supone que su origen es alguna clase de pacto imaginario, negando la evidencia de su continuidad con la institucionalidad política del antiguo régimen, trasvasando el poder del monarca al poder de un parlamento [3] que, recostado en sufragio, toma el lugar del soberano, del conjunto de la sociedad, y en su nombre decide para beneficio de una parte. Se trata la continuidad de la monarquía con institucionalidad republicana y legitimación representativa. Ésta es la naturaleza del Estado democrático moderno, y ninguna otra.
De modo que la representación es un recurso ideológico para conseguir primero, y preservar después, los privilegios de una clase social a través del control de la institucionalidad pública. El dispositivo funciona poniendo una persona en lugar de otra. El legislador ocupa el lugar del pueblo. Y el pueblo no es el conjunto de los propietarios, pero tampoco el de los proletarios: el pueblo es el conjunto de una sociedad que, en la medida en que siga estando partida en clases, seguirá siendo desigual. El gobierno instituye por sí mismo una clase privilegiada, una burocracia que en el momento mismo de tomar el poder público asume una posición de privilegio en el seno de la sociedad. Pero, a su vez, la sociedad está partida entre poseedores y desposeídos: ¿Cuál es la voluntad general de una sociedad clasista?
Éste es el esquema que se rompió en los albores del siglo XXI. Una sucesión de acontecimientos a lo largo de las décadas bisagra entre un siglo y el otro ha puesto en evidencia que la representación ya no funciona. Aquél imaginario que instituyó la burguesía como justificación de sus aspiraciones políticas dejó de ser verosímil. Lo que hemos visto, a partir de ahí, son los múltiples esfuerzos por restaurar la fantasía. Estos múltiples esfuerzos parecen estar destinados al fracaso, aunque eso depende de nosotros.
Las revoluciones acontecidas en EEUU y en Francia fundan la conformación del nuevo régimen. La democracia representativa se instituyó con tal grado de naturalidad que no sólo se destinó a legitimar el poder político en manos de la burguesía, sino también las estrategias de los sectores autoritarios para encaminar la lucha revolucionaria del proletariado. Ésta es la gestación de la confrontación desplegada en el seno de la Primera Internacional.
Los trabajadores franceses llevaron a la primera internacional la máxima que marcó la historia del movimiento obrero: “la emancipación de los trabajadores será obra de los trabajadores mismos”. La fidelidad respecto de esta idea es la divisoria de aguas del movimiento obrero internacional desde su nacimiento hasta nuestros días. La vía autoritaria de la internacional impuso un concepto de revolución política que transformó tristemente aquél principio. Su verdadera canción suena así: “la emancipación de los trabajadores será obra de los representantes”.
Esta diferencia no solamente se observa en las grandes proposiciones teóricas que parecieran estar lejos de la realidad. Por el contrario, esas grandes proposiciones están ligadas a las prácticas concretas de quienes se arrogan la potestad de representar a los trabajadores en la materialidad de la vida cotidiana. Las organizaciones sindicales actuales arrastran consigo la tradición autoritaria que se ordena en la delegación de la decisión colectiva en instituciones representativas que van desde la comisión interna hasta la secretaría general de las centrales obreras, pasando por todo el circuito burocrático del sindicalismo corporativo.
No nacimos de un repollo: somos hijos de la historia. Podemos rebelarnos contra ella, pero para eso es indispensable identificar y comprender que lo que observamos como si fuera parte del mundo natural tiene antecedentes específicos que explican cuanto menos algunas razones por las cuales las cosas son como son. La historia del sindicalismo es parte fundamental de las condiciones de nuestra vida laboral, es decir, de la mayor parte del tiempo de vida del que disponemos. Ignorar nuestra propia historia es la forma más absurda de la pasividad.
El siglo XVIII europeo explotó a través de mil revoluciones en todo el mundo occidental. América latina, nombrada así por el imperialismo francés, es claramente un ejemplo de eso. La invención del Estado Argentino necesitó junto con ella la invención de una Nación ¿Qué ha significado si no la jura a la bandera, las canciones patrias y la formación en fila grabadas a fuego en nuestras memorias infantiles? Para poder acompañar la institución de un Estado Moderno era preciso contar con la Nación capaz de legitimar el discurso representativo. Desde la escarapela hasta la escuela sarmientina, pasando por la bandera de Belgrano y el himno nacional, han servido al objetivo de componer la ilusión de una nación que sirviera al esquema conceptual del Estado moderno.
Toda esa parafernalia es transversal a todas las formas políticas locales. Los debates épicos entre la historia mitrista y el revisionismo histórico esconden la verdadera contradicción entre el internacionalismo proletario y la invención del Estado nacional. Esto impactó en la conformación de un sindicalismo vernáculo de la mano del corporativismo cristiano lanzado a fines del siglo XIX como un antídoto contra el movimiento obrero revolucionario. Lo que conocemos actualmente con el nombre de sindicalismo es la fatídica juntura entre la vía política del movimiento obrero y el ideario nacionalista del corporativismo local.
Esa juntura se llama CGT, y es la consecuencia de la demanda de los sindicatos socialistas y amarillos de conseguir representación política a través del Estado. El peronismo no hizo más que leer la jugada y atender esa demanda, consolidando un sindicalismo vertical cuyas diferencias con la experiencia franquista [4] que lleva ese nombre es mucho menor de lo que pudiera parecer. A partir de los años 30, que es cuando comienza a cuajar en Argentina esa nueva estructura sindical, ese invento católico de una representación nacional a imagen y semejanza de la familia cristiana [5], el sindicalismo argentino no hizo más que abrazar las causas políticas y las prácticas mafiosas que lo hundieron en el desprestigio. El problema no es la corrupción de sus dirigentes, sino el modelo dirigencial de la conducción política.
Cuando en 2001 la rebelión popular se desplegó al grito de “que se vayan todos” lo hizo también con la consigna “sin partidos ni sindicatos”. Es evidente que el sindicalismo logró tristemente instalarse en el mismo sitio que los partidos políticos porque siguieron el camino de la representación que ya se anunciaba impotente para la emancipación desde su propia concepción. Así como Rousseau afirmaba que la voluntad es indelegable, hoy afirmamos categóricamente que la decisión es también indelegable.
La vía autoritaria del sindicalismo entregó la organización obrera a los conductores del Estado, a los representantes, a la casta dirigencial que ubicó sus ambiciones autoritarias en el lugar de la emancipación. Nos prometieron libertad y nos trajeron policía. Y el error más grande ha sido aceptar esa promesa. Hoy hay miles de trabajadores preguntándose cómo crear nuevas organizaciones que puedan reemplazar a los sindicatos, pero no advierten que el problema no es el sindicalismo sino la matriz representativa de su conducción política.
Será preciso entonces crear organizaciones sindicales genuinamente libertarias, ligadas a los intereses de la clase obrera pero ligadas también a la emancipación social, a la transformación radical de la estructura económica que permita por fin abolir el capitalismo y con él a la sociedad de clases. Esta concepción del sindicalismo no es nueva ni es necesario que lo sea. Es la concepción genuina que los trabajadores produjeron para sí a diferencia del iluminismo burgués que encontró en el movimiento obrero el terreno fértil para su imaginario político.
Se trata, por fin, de crear organizaciones que puedan trasladar a todas las instancias las decisiones libres de los trabajadores tomadas en asamblea, con delegaciones mandatadas desprovistas del poder de decisión, sin la conducción de dirigencias capaces de decidir por el resto. Organizaciones ligadas por la concepción internacionalista en el seno de un mundo partido en dos por el corte de clase que el capitalismo impone a nivel global. Organizaciones libres, por fin, que no persigan la ilusión parlamentaria de la tradición burguesa, sino la revolución social en virtud del principio de igualdad. En el movimiento obrero esto es, literalmente, más viejo que la escarapela.